lunes, 14 de febrero de 2011

Por la UPR, el Colegio y el País

Ni la ocupación policiaca del recinto de Río Piedras de la UPR es un asunto estrictamente policiaco, ni la encarcelación del presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, es un asunto estrictamente legal. En ambos casos se trata de operativos políticos que forman parte de la agenda destructiva del gobierno Fortuño-PNP. No quieren dejar piedra sobre piedra. Pretenden arrasar con todo, particularmente con las instituciones que le resultan amenazantes a sus propósitos anexionistas; pero no sólo anexionistas.

Si decimos que Fortuño, Rodríguez Ema, Rivera Schatz y otros tantos representan la extrema derecha y los señalamos como fascistas, estamos diciendo que, más allá de querer convertir a Puerto Rico en estado de Estados Unidos, esa casta promueve con entusiasmo la visión más retrógrada del capitalismo, se goza en el ejercicio de la represión más descarnada para alcanzar sus objetivos y es absolutamente insensible de las consecuencias de sus actos. Lo mismo dejan miles de trabajadores sin empleo que aprueban leyes para destruir el patrimonio natural; lo mismo tratan de imponer proyectos energéticos destructivos al ambiente y la vida que atentan contra la cultura y la lengua.

Más allá de la cuota de 800 dólares impuesta a los estudiantes de las UPR, lo que este grupo de fascistas busca es destruir la Universidad. ¿Por qué? Porque la Universidad de Puerto Rico es uno de los centros históricos más importantes de afirmación nacional, de desarrollo cultural y de resistencia social con que cuenta el Pueblo puertorriqueño. Porque para el fascismo el conocimiento crítico, la irreverencia juvenil y el cuestionamiento radical son peligrosos y, más que peligrosos, insoportables.

Su intención es domesticar la Universidad y a los universitarios; desmantelarla; venderla a pedazos; achicarla en su alcance social-nacional. Convertirla en un productor insignificante de técnicos amaestrados, que se dediquen sin chistar a reproducir la riqueza del gran capital.

Por eso la maltratan, por eso la golpean, por eso Fortuño se va a reunir con los fascistas del partido Republicano en busca de ideas destructoras del conocimiento superior; por eso la manosean, la ocupan y la violan. Por eso no le perdonan a estudiantes, docentes y trabajadores que opongan tan tenaz resistencia y menos al Pueblo que se una en defensa de esa querida y respetada institución.

La situación del Colegio de Abogados es similar en su fondo. El Colegio es una institución que se fundó hace 170 años. Posee un historial distinguido en defensa de los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño. Es una de esas organizaciones que ha trascendido su condición de representante de un grupo, para transformarse en representante de los intereses de todo un pueblo. En más de un sentido todos y todas somos colegiados.
           
El primer zarpazo contra el Colegio fue la descolegiación compulsoria. Los fascistas quisieron rendirlo por hambre. La respuesta fue que miles de abogados se colegiaron voluntariamente, haciendo del Colegio una institución más libre y comprometida. Pero la maldad no tiene límites; y aparecieron unos abogados traicioneros que, en complicidad con la corte federal yanqui, han lanzado otra estocada perversa. Quieren borrar al Colegio de Abogados.

No exageramos si afirmamos que estamos en guerra. Más bien, que nos hacen la guerra y nos vemos obligados a defendernos. Es lo que estamos haciendo en la Universidad de Puerto Rico y en el Colegio de Abogados. También es lo que estamos haciendo en el Corredor del Noreste y ante la amenaza del tubo de la muerte y los incineradores de basura. (Eso quisieran ellos, reducir al País a la categoría de incinerador en el que se quemen todas las ideas, todas las aspiraciones, nuestra historia y nuestro ser nacional.)

No nos dejan otra opción que la resistencia tenaz, atrevida y valiente. Que lo sepan los fascistas, que aquí no se rinde nadie. Que somos muy conscientes del valor que tienen para esta sociedad la Universidad, el Colegio y nuestro territorio nacional. Que sabemos muy bien lo malos y perversos que son. Que vamos a utilizar todo cuanto tengamos a nuestro alcance para detenerlos y vencerlos.

Es lo menos que podemos hacer, si queremos sobrevivir, si queremos prevalecer, si creemos en el Puerto Rico del porvenir.    


lunes, 31 de enero de 2011

Los jóvenes no pidieron nacer en esta sociedad deteriorada

Vivimos un momento de la historia de nuestra Nación que reclama el diálogo más profundo y comprometido, en sus más diversas formas y posibilidades, en justa correspondencia  con la gravedad de los problemas sociales y humanos que enfrenta nuestro Pueblo de manera creciente y desde hace muchos años.
   
Dialogar implica intercambiar ideas y opiniones. Supone un ejercicio vital, en el que se escucha y se es escuchado con atención y respeto; significa debate y controversia y a la vez reconocimiento y rectificación. Nos debe llevar a ceder y a conceder y asimismo a aplicar el rigor más severo, la profundidad más radical y el mayor sentido posible de responsabilidad social.
   
El diálogo, si es honesto y transparente, desprendido y comprometido, deberá conducirnos a generar voluntad individual y colectiva de cambio y superación y será un estímulo inescapable a la lucha por una sociedad superior.
   
Cualquier análisis que aspire a interpretar eso que denominamos aquí “situación sociomoral de Puerto Rico”, estará obligado a reconocer primero que todo que el desgaste y deterioro ético y moral que padece la sociedad puertorriqueña es consecuencia directa de un proceso complejo y contradictorio de transformaciones económicas, decisiones y condiciones políticas y cambios desenfrenados ocurridos en la vida de nuestro Pueblo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo veinte y hasta nuestros días, que ha impactado profundamente la razón existencial misma de Puerto Rico y los puertorriqueños.
   
Hay en todo esto una paradoja, que no debe pasar inadvertida: la modernidad, la tecnología, el pretendido primermundismo coexistente con la dependencia colonial y la ausencia de desarrollo verdadero, el urbanismo timoneado por los mal llamados desarrollistas que aspiran a forrar de cemento cada palmo de nuestra tierra, y la así llamada industrialización del país iniciada en las postrimerías de la década de 1940, todo ello y a pesar de lo que algunos argumenten, no nos ha conducido a la felicidad individual y colectiva.
   
Todo lo contrario. Más de cincuenta años después de que, por así decirlo, se pusiera la primera piedra del proceso que nos ha avasallado en lo político, económico, demográfico, cultural y social—Ley de Incentivos Industriales de 1947, Operación Manos a la Obra, ELA, emigración masiva— tenemos que reconocer que la modernidad que nos ha apantallado como si se tratara de las cuentas de colores que ofrecían los conquistadores europeos a los primeros pobladores de estas tierras, nos ha ido llevando a uno o más callejones sin salida.
   
Ha surgido una sociedad en la que los seres humanos valemos principalmente por los bienes materiales que poseemos—o de los que carecemos— y no por lo que somos o por lo que sabemos o sentimos; que ha elevado el consumismo a niveles de vicio crónico y desenfrenado; que ha sustituido la ética del trabajo por la ética de la vagancia, el oportunismo y la dependencia cuponera; que ha hecho de la violencia y la agresividad valores que estimulan a grandes y chicos y formas de comportamiento y de relación social normales y cotidianas, no obstante el desgarramiento social y humano que generan.
   
Es ésta una sociedad que ha dado rienda suelta al individualismo feroz y a la indiferencia, un individualismo que en la modernidad del automóvil y la computadora conduce a la más descarnada soledad; en la que el conocimiento y el desarrollo cultural han sido degradados al nivel de artículo opcional, siendo sustituidos por la frivolidad y la chabacanería. Una sociedad que nos ha ido conduciendo a la obesidad del cuerpo y la flaqueza del espíritu; en cuyos hogares se amontonan los enseres eléctricos o cibernéticos más sofisticados y deslumbrantes, pero no nos atrevemos a salir a la calle por miedo a que nos maten.

Es una sociedad sin norte definido, que ha sido educada en la idea falaz de que la seguridad, la felicidad y la prosperidad vienen del Norte. Es una sociedad en la que van ocupando un espacio cada vez mayor la intolerancia y la mano dura contra todo y en la que la amistad y la solidaridad van siendo conceptos folclóricos y pasados de moda.

Es una sociedad que en su materialismo vulgar y parasitario y en su individualismo insoportable se siente fuerte y poderosa, siendo en realidad patéticamente débil y vulnerable.

Claro—y es justo decirlo—esta es una sociedad en la que a la misma vez encontramos en gran parte de la población un extraordinario nivel de sensibilidad y una profunda preocupación e interés por buscar y encontrar rutas nuevas que nos conduzcan a condiciones más alentadoras.  Ese reclamo sordo está ahí, a veces imperceptible, pero siempre ahí, esperando ansioso un oído receptivo, una mano dispuesta a forjar porvenires distintos.

De manera que no podemos hacer esta reflexión desde una perspectiva fatalista e impotente, como si no hubiera remedio para nada, sino más bien desde la perspectiva de quien enjuicia en toda su crudeza la realidad existente, precisamente porque aspira a transformarla y a forjar una sociedad superior.

Pero es que además, no podemos darle el gusto de prevalecer a los fatalistas, a los promotores del caos y la infelicidad, a quienes pretenden manipularnos desde una impotencia impuesta, a quienes se obstinan en convencernos que no hay más futuro que el desfiladero.

Es por eso que estamos aquí, hoy.

En ese panorama general, los jóvenes puertorriqueños son el blanco preferido de quienes no pueden o no quieren comprender las causas profundas de la precaria situación ética y moral que atraviesa nuestra sociedad. Se vuelca sobre ellos y ellas todo tipo de acusación y estigma. Es como si cargaran con la cruz de Caín sobre la frente. Para muchos, ser joven es un delito. Son la víctima predilecta de la mano dura y la intolerancia institucional y social.

Quienes ven en los jóvenes el origen de todos los males olvidan que estos, que son nuestros hijos e hijas, nietos o sobrinos, no pidieron ni eligieron nacer en esta sociedad deteriorada. Han llegado aquí, por voluntad, por capricho o incluso contra el deseo de sus mayores cuando—después de todo—el desasosiego y la infelicidad campean hace tiempo a su antojo por todo el País.

Han llegado a esta sociedad cargada de conflictos y contradicciones, víctima de una inversión o ausencia progresiva de valores, en la que el humanismo y el amor y respeto por la vida, la naturaleza y el prójimo van siendo frases desgastadas que sólo parecen tener cabida los primeros dos o tres días después del paso de un huracán devastador o cuando una tragedia mayor nos ha golpeado.

A los jóvenes se les señala porque son improductivos, es decir, porque no generan riquezas—para otros—; porque al ser adolescentes adolecen o carecen de demasiadas cosas; por rebeldes, por resistir la domesticación; por reclamar un espacio propio para el presente, no para el futuro incierto. Se les dice que son inmaduros e incapaces y cuando se les ofrece ser la esperanza del futuro, se hace con toda la premeditación de que lleguen a la adultez, es decir al futuro, como seres inofensivos, con las alas recortadas y la voluntad castrada.

Se les criminaliza si desertan de escuelas aburridas en la que la educación no parece ofrecer seguridad existencial ni social alguna, siendo la verdadera desertora esa institución que va estando ajena a la vida real de niños y adolescentes para quienes la existencia es sobre todo incertidumbre.

Se les criminaliza si se vinculan al punto de drogas, que después de todo les ofrece a  muchos jóvenes más seguridad económica que la estructura económica legal, la misma que deja desempleados a más del cincuenta por ciento de los jóvenes entre 16 y 24 años, según cifras del Departamento del Trabajo.

Se les criminaliza si se empeñan en forjar su propia ética y su propia moral, si se colocan una pantalla aquí o allá, si se dejan el pelo largo o se colocan un tatuaje en alguna parte del cuerpo.

Se les criminaliza por ser honestos, porque se resisten a madurar a la manera hipócrita y reduccionista de sus mayores, porque se obstinan en ser seres humanos y no autómatas, por su alegría, desenfado e irreverencia.

Les ha tocado nacer, crecer y vivir en una sociedad que marcha galopantemente hacia la deshumanización en sus rasgos más esenciales. A muchos les ha tocado optar por la drogadicción, el alcoholismo o simplemente el desenchufe emocional y vital con una sociedad que no les llena sus expectativas y reclamos. Otros abandonan el País, ingresan a las fuerzas armadas o simplemente van viendo la vida pasar desde el banco de alguna plaza pública.

No son victimarios. Son las víctimas principales en el plano económico, educativo, social y existencial. Si quienes colman las prisiones por miles no llegan en promedio a los treinta años de edad; si la mayoría de quienes asesinan o son asesinados son adolescentes o jóvenes adultos; si buena parte de los usuarios a las drogas o al alcohol son desde casi niños hasta adolescentes o jóvenes adultos; si en gran medida son niños o jóvenes los llamados desertores escolares, los asaltantes y los desempleados, no les culpemos por ser jóvenes, no volquemos sobre ellos y ellas la violencia institucional, ni les estigmaticemos.

Reflexionemos por un instante cuánto tiene que ver con todo esto la pobreza material de muchos, la ausencia de un proyecto nacional que cuente con todos y a todos los considere valiosos; cuánto tiene que ver los modelos y los esquemas valorativos vacíos como fuegos fatuos, que son proyectados hasta el cansancio como el ideal de vida en la modernidad.

Pensemos y reconozcamos en qué medida es el orden social, económico y político vigente y su ética y moral espúreas y cargadas de hipocresía, lo que ha fallado y lo que requiere de una transformación urgente, profunda y radical.

¿No serán acaso los jóvenes, esos mismos a quienes tanto se criminaliza, portadores de la semilla de una ética y una moral superior, en la medida en que son proponentes potenciales o dinámicos de una sociedad superior? En lugar de achacarles la responsabilidad y la culpa por todos los males de la sociedad, ¿no resultaría más sensato y provechoso dialogar con los jóvenes, escucharles, tomar en serio sus propuestas e ideas, incluso contagiarnos de su franqueza, transparencias desenfado e irreverencia?

La experiencia que he tenido con mis hijos, con mis alumnos universitarios, con los jóvenes de la organización política a la que pertenezco y con otros con quienes he compartido en diversos escenarios de lucha social, es muy alentadora y esperanzadora. No puede menos que estimularme ver las multitudes juveniles que juntan sus alegrías y pasiones, bandera en mano, en algún acto musical o cultural.

Me provoca fascinación la manera en que esos jóvenes de hoy se han apropiado del rock, género musical que hace dos o tres décadas era símbolo de agresión cultural, y lo han transformado en un vehículo extraordinario de comunicación de masas, a través del cual nos hacen saber lo que piensan y opinan sobre tantos asuntos importantes. O cómo han creado otras formas musicales a ratos indescifrables para los adultos, otra lírica, otras maneras de moverse e interactuar, de hablar y de comunicarse cibernéticamente, en un afán incansable por ganar autenticidad, por asegurar un espacio propio en la sociedad.

Nuestros jóvenes están deseosos de dialogar también. Están necesitados de dialogar. Pero no para que se les regañe; no para que se les descalifique o para que nos burlemos o reprobemos sus ideas y sentimientos. Nuestros jóvenes, muchos de ellos, quieren ser la esperanza del futuro, pero se saben esperanza del presente y es en el presente que reclaman un espacio, por así decirlo, con voz y voto. Lo que les pueda faltar en experiencias concretas les sobra en buena voluntad, en honestidad y compromiso. Lo hemos podido constatar en la lucha por la paz en Vieques, en la defensa tenaz del ambiente y los recursos naturales, en su presencia combativa en luchas estudiantiles y comunales, en sus éxitos deportivos y culturales, En fin, en numerosos escenarios y situaciones.

Lo que nuestros jóvenes están pidiendo no son medidas demagógicas, como el cambio de edad para ser apto a tal o cual cargo político, o para poder tomarse una cerveza “legalmente”.

No es un asunto de cronología, de almanaques o de edades relativas. Se trata del tipo de sociedad que han producido unos que alguna vez fueron jóvenes, que sin duda produjo cambios trascendentales en nuestras vidas como Pueblo, pero que ya da señales inequívocas de su inutilidad. Se trata, después de todo, de reflexionar sobre la necesidad de transformar un estado de cosas progresivamente antiético e inmoral que afecta, no sólo a nuestros jóvenes, sino a la generalidad de los habitantes de esta tierra. En ese esfuerzo, nuestros jóvenes tienen mucho que decir y aportar.

Para que eso pueda suceder, tiene que darse un profundo proceso democratizador en las relaciones entre todos los seres humanos que conformamos este Pueblo. La democracia participativa y directa verdadera tiene que ser práctica cotidiana en la familia, en la escuela, en la universidad, en la comunidad, en el centro de trabajo y en cada lugar.

No nos llamemos a engaños. Una ética y una moral superiores y plenas serán posibles sólo como resultado de una transformación a fondo de este modelo social, que desde hace demasiado tiempo se muestra incapaz de ofrecer otra cosa que lo que conocemos y que tanto nos decepciona.

El primer gran paso de esa ética y esa moral superiores consiste precisamente en reconocer la naturaleza del presente y sus causas, y la posibilidad de un futuro diferente. Vamos forjando este esquema de valores de alto contenido humano, al ir construyendo la nueva sociedad.

Esa nueva ética y esa nueva moral, de la cual muchos de nuestros jóvenes son abanderados, a pesar de lo que algunos puedan pensar u opinar, deberá estar fundada en la solidaridad y la democracia participativa, en el estudio y el trabajo, en la fraternidad, en el amor a la vida y al conocimiento, en la voluntad de construir y producir para beneficio de todos y muy en especial, será una manifestación de libertad en el sentido más alto de la palabra

Así que, no sólo es injusto lanzar sobre nuestra juventud la responsabilidad del deterioro ético y moral que prevalece en esta sociedad decadente al comenzar el siglo veintiuno, sino que en todo caso debemos contar con los jóvenes como protagonistas principales en cualquier intento serio por transformar esta sociedad y elevar la calidad de vida en general; y quién sabe si ello acaso, deba estar precedido por una disculpa de los mayores por la sociedad tal maleada que le están entregando.

Reconozcamos, finalmente, que más allá del grado de responsabilidad real o ficticia que se asigne a un sector o grupo social, ética y moral no son sino manifestaciones de tipos determinados de ordenamientos sociales. La ética, la moral y los principios no surgen por generación espontánea, sino que sintetizan valores predominantes en una u otra sociedad. El deterioro ético y moral, por lo tanto, es fiel reflejo del deterioro social general.

Falta ver aún con cuánta voluntad contamos, cuánta es nuestra disposición para agarrar el toro por los cuernos, cuán dispuestos estamos a no conformarnos con la denuncia superficial. La crítica al deterioro moral y ético puede ser, después de todo, una tarea poco complicada. Lo complejo, lo que es una prueba de fuego, es lanzarse a la lucha por la transformación social que genere una ética y una moral superiores.

Seamos jóvenes, rejuvenezcamos nuestro pensamiento y nuestra acción. Disipemos las brechas generacionales que nos fragmentan y distancian. Si a alguien hubiera que criminalizar, criminalicemos a un modelo social que da muestras claras de decadencia e incapacidad. Forjemos todos y todas, más allá de diferencias generacionales y de otro tipo, esa nueva ética y moral, que es como decir ese nuevo País, esa nueva Nación.

*Versión revisada (2010) de la ponencia presentada originalmente el 19 de febrero de 1999, en el “Segundo Diálogo sobre la situación sociomoral en Puerto Rico”, auspiciado por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Mantiene una gran vigencia en la actualidad.

¿Es el narcotráfico un problema político?

¿Es el narcotráfico un problema político?

Para muchos el narcotráfico es principalmente un problema policiaco. Otros reconocen que es una situación con profundas raíces económicas y sociales. Hay quienes insisten en consideraciones morales, éticas o religiosas.

¿Se tratará también de un problema político? Veamos.

En Puerto Rico no se produce cocaína ni heroína. Son muy pocos los sembradíos de marihuana y ha de haber uno que otro laboratorio para producir drogas “químicas”. En general la droga en Puerto Rico es un “producto de importación”. (Al igual las armas, que llegan por miles cada año.)

El narcotráfico en Puerto Rico se da en dos dimensiones complementarias: para consumo interno y como peaje hacia otro país. El grueso de la droga que llega acá tiene como destino final el mercado de 40 a 50 millones de usuarios en Estados Unidos (el mercado más numeroso del mundo).

Dice la Policía que sólo un 15 por ciento de la droga se queda aquí para satisfacer la clientela puertorriqueña, compuesta por decenas de miles de personas. Del otro 85 por ciento, apenas el 15 por ciento es ocupado por la Policía y el restante 70 por ciento sigue rumbo al Norte.

Los narcotraficantes de América del Sur han identificado a Puerto Rico como una ruta segura de su producto hacia el mercado estadounidense. Han leído libros de historia y conocen la relación política y legal de nuestro País con Estados Unidos. Saben que una vez situada la droga en nuestro territorio (“Puerto Rico, USA”), lo demás es relativamente fácil.

Mientras tanto, el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Puerto Rico está bajo el control absoluto de las autoridades estadounidenses. Ellos deciden qué entra, quién entra, qué sale y quién sale de Puerto Rico. Controlan puertos y aeropuertos. El Pueblo puertorriqueño carece de absolutamente de poderes para proteger su espacio aéreo, marítimo y terrestre.

La Policía interviene con el narcotráfico cuando la droga ha entrado al País.
La responsabilidad primaria de que drogas y armas entren a Puerto Rico es de los Federales. Han demostrado su incompetencia por décadas. Son eficientes a la hora de atrapar dominicanos “ilegales”. Pero el 85 por ciento de la droga enviada por los narcotraficantes llega, entra y sale impunemente.

Podríamos preguntarnos: Si la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos fuera una entre países soberanos y no de subordinación colonial, ¿no desalentaría eso el uso de nuestro País como ruta hacia el mercado de la droga en el Norte? Y si fuéramos nosotros quienes custodiáramos nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre, ¿no seríamos más eficientes que los federales, por aquello de que nadie cuida mejor su casa que el dueño de ésta?

¿Hay o no hay una razón política en el problema del narcotráfico? Evidentemente que sí. La que provoca la condición colonial prevaleciente. Ésta se une a las otras razones mencionadas arriba y permite comprender mucho mejor la naturaleza real del problema que nos aqueja.

¿Qué le parece?  

Los asesinatos 18 años después

En enero de 1993 hubo en Puerto Rico 104 asesinatos.

Pedro Rosselló González había juramentado como gobernador, tras la victoria electoral del PNP en noviembre de 1992.
 
La reacción del gobernador entrante fue convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para considerar la seria situación y ofrecer soluciones. Dicha sesión se llevó a cabo el 11 de febrero de 1993.

Allí Rosselló ofreció a la Legislatura y al País su propuesta de “mano dura contra el crimen”, o sea, la visión policiaca del enfrentamiento a la violencia y el crimen.

Entre las medidas propuestas por Rosselló estaba la activación de la Guardia Nacional, armar hasta los dientes a la Policía, la aprobación de leyes más punitivas, la construcción de más prisiones, la celebración de un referéndum para eliminar el derecho absoluto a la fianza y aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo y una virtual declaración de guerra al “criminal”.

Se activó la Guardia Nacional, se requetearmó a la Policía, se construyeron nuevas prisiones, se aprobaron leyes más duras, se realizó el referéndum y lo perdió y estamos en guerra desde entonces.
Han pasado 18 años desde entonces.

En enero de 2011 hubo 110 asesinatos.

Luis Fortuño y el PNP controlan el Gobierno. Son fieles creyentes de la política de mano dura. Defienden la visión policiaca con gran vehemencia. Son fieles seguidores de lo expresado por Rosselló en su discurso del 11 de febrero de 1993.

La Guardia Nacional está movilizada y acompaña a miembros de la Policía hasta para dar un boleto de tránsito. La Policía está armada hasta los dientes. Realiza acciones conjuntas con el FBI, la DEA y el Homeland Security. El PNP controla el Tribunal Supremo.

Muchos de quienes asesinan o quienes son asesinados no habían nacido en 1993, acababan de nacer, o apenas aprendían a caminar.

¿Qué no se ha hecho, o que se ha hecho mal de 1993 a enero de 2011, que nos seguimos matando los unos a los otros—no sólo los de los puntos sino cualquiera de nosotros—?

¿No será que desde un principio se ha aplicado la medicina equivocada, esa que llaman política de mano dura, pues estamos ante un problema que no es meramente policiaco sino profundamente social, económico y humano?

¿No es hora ya de que el Gobierno reconozca la naturaleza real—compleja y diversa— de este problema que nos golpea a todos y todas, y se disponga a asumir la responsabilidad que le corresponde?

¿O se conformarán Fortuño y el PNP con convocar nuevamente a una sesión extraordinaria de la Legislatura?

Por cierto, el número de personas asesinadas entre 1993 y 2010—los años de la “política de mano dura” de Rosselló y Fortuño y del “castigo seguro” de Aníbal—asciende a por lo menos 14,353, según cifras oficiales de la Policía. Las cifras más elevadas son precisamente 1993 (954), 1994 (995) y 2010 (987).

martes, 18 de enero de 2011

Los boricuas y las guerras de EUA

Acaban de llegar al País los cadáveres de dos puertorriqueños muertos en Irak. Estaban en ese país en calidad de soldados estadounidenses. En un país con el que el Pueblo puertorriqueño no tiene ni ha tenido ningún conflicto que resolver.
Esos dos boricuas se suman a las decenas de otros que han muerto en Irak y Afganistán, en guerras que no tienen nada que ver con nuestros intereses; que son la exclusiva responsabilidad del gobierno de Estados Unidos.
 

Mientras llegaban esos dos cadáveres, se anunciaba que otros ciento sesenta puertorriqueños habían sido enviados a Afganistán. No sabemos cuantos de esos compatriotas perderán la vida o resultarán heridos del cuerpo y el espíritu defendiendo los intereses de Estados Unidos en esa región del planeta. 

Absurdamente, por un lado nos abruma la violencia y anhelamos que reine la paz en Puerto Rico y por otro envían a hijos e hijas de esta Patria a hacer la violencia a pueblos que nada nos han hecho. Luego, se dice que están cumpliendo con su deber, que son héroes y patriotas. En realidad—dicho esto con profunda tristeza—cumplen funciones de mercenarios. 

No tenemos porqué seguir sufriendo el espanto de la guerra en nuestros hogares. No tiene porqué haber viudas y huérfanos fruto de las aventuras de quienes quieren controlar el planeta entero. 

Si creemos en la paz verdadera, tenemos que oponernos firmemente a que un sólo boricua sea mandado a matar o morir en tierras extrañas, sólo para defender los grandes intereses del petróleo y el armamentismo. 

Tan sencillo como eso. Tan serio como eso.


UPR: más allá de los 800 dólares


Si el conflicto que ha enfrentado la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante los pasados meses se limitara a la cuota de 800 dólares anuales impuesta por la Junta de Síndicos,  hubiera bastado una pequeña dosis de buena voluntad y posiblemente el mismo se hubiera resuelto hace tiempo. Si fuera sólo una cuestión de aritmética presupuestaria, de algún lado hubiera salido un punto medio, alguien hubiera propuesto una salida airosa para todos, una solución. Bastaría con evaluar seriamente las numerosas ideas presentadas por estudiantes y docentes y ahí estarían muchas de las alternativas viables.
El problema es que el problema va mucho más allá de una cuota compulsoria o de limitaciones presupuestarias. Para los enemigos de la Universidad, el problema es la Universidad misma; lo que ha significado y representado por décadas para nuestra nacionalidad y cultura; su condición de patrimonio nacional, de baluarte del debate de ideas y escenario de luchas reivindicativas.
Para esos, el problema es la Universidad que  ha cobrado forma trabajosamente desde la crítica, la militancia, el compromiso con el conocimiento, las ideas y el País; a contrapelo de la universidad que desde la fundación misma quiso imponerse, donde reinara la paz de los sepulcros, y estudiantes, profesores y trabajadores no pasaran de ser un dócil rebaño que se manejara al antojo de un puñado de burócratas impuestos por el gobierno colonial de turno.
El atropello presupuestario desatado por la administración Fortuño-PNP contra la UPR  va dirigido precisamente a hacer daño a la Universidad, a achicarla en sus perspectivas y alcance social y en el peor de los casos a destruirla. Ya sea por vía de la privatización o incluso de su disolución progresiva.
Para los anexionistas-fascistas la Universidad de Puerto Rico es un enemigo poderoso. Están convencidos de que tienen que vencerlo—que implica no dejar piedra sobre piedra—para que puedan avanzar sus planes de descomposición de la sociedad en su conjunto, para luego hacer realidad sus sueños ancestrales. Sueños que son pesadillas.
Los anexionistas-fascistas odian la UPR; no la soportan. Por eso se esmeran tanto en criminalizarla, en insultarla y estigmatizarla. Le espantan los universitarios. Le huyen al debate de ideas, y a la irreverencia y el atrevimiento juvenil, como el diablo a la cruz. Les apesta la democracia, la participación, la divergencia, la honestidad y el compromiso social que florece en la Universidad, cuando surge como universidad verdadera.
Por eso se sienten tan cómodos y seguros en una universidad ocupada por la policía, controlada por decretos draconianos, sometida a una camisa de fuerza. Se sienten confortables precisamente cuando la Universidad deja de serlo, para convertirse en un cuartel, en un centro de detenciones, en un espacio sitiado lleno de edificios que pierden toda razón de ser.
Por consiguiente, el problema real que mueve a estos personeros de la maldad y la perversión, es uno de naturaleza ideológica, de alcance paradigmático, de visión de mundo Se manifiesta en la Universidad, pero va dirigido contra a todo el País, lo mismo contra el Corredor del Noreste que contra el Colegio de Abogados, el Gasoducto del Norte o los empleados públicos.
El problema de la Universidad es uno de alcance nacional, totalizador. Por eso los anexionistas-fascistas han volcado tanta represión, tanta propaganda y tanta intolerancia contra la UPR y la comunidad universitaria. Por eso  el asunto de la cuota no se ha resuelto. Porque para ellos es  un “asunto de principios” domesticar y humillar a los universitarios y al Pueblo todo. Por eso  la más sensata de las propuestas financieras se estrella una y otra vez contra la insensatez y la intolerancia de los brutotes. Por eso la Fuerza de Choque se ha convertido en su representante por excelencia, para golpear y maltratar, no para negociar y acordar, que no está en sus planes.
Existe una contradicción irreconciliable entre los intereses fundamentales de nuestra juventud y nuestro Pueblo, y lo que pretenden los anexionistas-fascistas. Irreconciliable. Nadie se llame a engaño. Ese es el gran problema.









La violencia, un problema social

Las autoridades policiacas reconocen que más de la mitad de los asesinatos cometidos en el País no tienen que ver con el narcotráfico, con guerras entre puntos de drogas o luchas entre delincuentes. Que en más de la mitad de los casos, tanto la víctima como el victimario son gente común y corriente. De esa forma están admitiendo que no estamos principalmente ante un problema policiaco, sino ante un problema de profundas raíces sociales.

Hay ejemplos elocuentes que confirman esa realidad. Uno de ellos es la tragedia ocurrida en el municipio de Florida, donde una persona prendió fuego a su familia matando a cinco de ellos; y, más recientemente, el médico a quien acusan de haber tomado la justicia en sus manos en relación al asesinato de su hijo.

La violencia se manifiesta de muchas formas. No sólo en la lista interminable de asesinatos. Hay violencia en la calle, en los centros de estudio y de trabajo, en los hogares, en la manera como nos comunicamos, lo mismo en persona, que en teléfono o por computadora. Hay violencia desde el Gobierno, en la Universidad, en cada sitio.

A la violencia suelen acompañarle la intolerancia, la insensibilidad, el desprecio. Estos comportamientos se van convirtiendo en modos de vida “normales”.

¿Quiénes son los violentos? Cualquiera de nosotros, quienes vivimos en este País tan golpeado por la violencia y la intolerancia. No es un asunto de buenos y malos. Es una enfermedad que nos golpea a todos y todas, a quienes se nos ha  contaminado casi desde que nacemos con las formas violentas de comportamiento social, como si tal cosa.

Son muchos más los actos de violencia de los que sólo se enteran los involucrados, que los actos de violencia que se convierten en delitos, porque se radica una querella o una acusación.

Porque en su origen se trata de un profundo problema social y no de un problema policiaco, no es al Superintendente José Figueroa Sancha ni a ninguno de sus coroneles, a quienes corresponde ser la fuente del análisis esta situación, mucho menos quienes propongan soluciones, que en su caso no pasarán de ser medidas policiacas inefectivas.

¿Qué tienen que decir el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, la Oficina de la Juventud, las Procuradorías de la Mujer y del Envejeciente, el Departamento de Trabajo, Recreación y Deportes, el Departamento de Salud, entre otras agencias del Gobierno?

Nuestra aspiración debe ser promover la cultura de paz, la cultura de tolerancia, la cultura del respeto al otro y la otra.  No una vez al año, sino a cada instante. Es cosa de empezar. Más nos vale empezar. Nos va la felicidad y la vida en esta situación insoportable. Mientras el Gobierno y la Policía reciclan fórmulas desacreditadas, la población está obligada a forjar esas formas superiores de hacer de Puerto Rico un lugar en el que se pueda vivir . VIVIR.